Privacidad y seguridad

La publicación se alinea con el principio de responsabilidad proactiva: no basta con enumerar bases jurídicas; también deben existir medidas apropiadas y evidencia proporcionada. Este informe no transforma una declaración de finalidad en prueba de necesidad o ejecución.

La política auditada diferencia caducidad técnica, conservación activa, bloqueo, anonimización y supresión. Una sesión o enlace que deja de ser utilizable no implica que toda la evidencia jurídica asociada haya sido eliminada.

Se observaron plazos técnicos concretos, incluida una caducidad lógica máxima de 12 horas en el flujo documentado, y medidas de minimización de historiales. Esos plazos no deben extrapolarse a todas las categorías de datos.

El registro distingue servicios disponibles, funciones opcionales y comunicaciones efectivas. La mera mención de un proveedor no demuestra que recibiera datos de una persona concreta.

Este informe no acredita por sí solo la ubicación efectiva de los datos en cada operación ni todas las transferencias históricas. La información relativa a una persona concreta debe atender a los destinatarios y garantías que realmente le correspondan.

La política pública explica autenticación, roles, registros, cifrado, documentos, proveedores, incidentes y divulgación responsable sin exponer secretos, credenciales o umbrales que faciliten la elusión de controles.

La revisión interna permite describir determinadas medidas, pero no equivale a prueba de penetración, certificación, auditoría de infraestructura ni garantía de ausencia de vulnerabilidades. La seguridad se trata como proceso continuo y no como estado absoluto.

No publicar una cifra provisional no equivale a declarar cero incidentes. El cierre anual deberá documentar población, clasificación, duplicados y criterio jurídico antes de ofrecer cualquier agregado.

La Declaración de Accesibilidad identifica alcance, método, limitaciones y vías para comunicar barreras. Su estado se basa en una autoevaluación y no se presenta como certificación externa ni como conformidad total de todas las páginas y variaciones responsive.

WCAG exige evaluar páginas completas y sus variaciones. Por ello, una tabla responsive, una jerarquía semántica correcta o un contraste aislado no bastan para afirmar conformidad: deben comprobarse teclado, foco, zoom, lectores, formularios, errores y contenido dinámico.

La auditoría vigente distingue reglas, fórmulas, validaciones y reconocimiento local de una integración generativa limitada a la Comunidad. Existe capacidad implementada para moderación contextual previa a la publicación, revisión preliminar de impugnaciones y participación informativa identificada. Cada finalidad tiene activación privada e independiente; la existencia del código no acredita por sí sola que estuviera activa o produjera una salida en un momento concreto.

No se identificó IA generativa destinada a decidir la viabilidad o el resultado de reclamaciones, contratar o descartar candidaturas, aceptar ofertas ni cerrar expedientes. Las funciones comunitarias no sustituyen una decisión jurídica y las medidas graves o irreversibles requieren control humano. Finalidad, proveedor, datos, registros, información al usuario, impugnación y riesgos se documentan en AIA-2026.6.

La aplicación dispone de tipos de ticket y canales especializados. El cierre anual deberá deduplicar conversaciones reabiertas, separar consultas de reclamaciones y evitar publicar categorías pequeñas que permitan identificar a una persona.

Las candidaturas se reciben mediante un tipo específico del sistema de contacto, con información propia de privacidad y política de adjuntos. No se mezclan por diseño con una reclamación jurídica ordinaria.

La auditoría observó cifrado de campo en datos principales y adjuntos protegidos, pero no todos los campos auxiliares tienen el mismo tratamiento. Tampoco existe en el formulario actual una casilla separada para incorporar la candidatura a una bolsa de talento futura; no se afirma ese tratamiento como activo por defecto.