Política pública de gestión de fondos de clientes

1. Objeto y responsable

Esta política se aplica cuando el profesional o la organización que le presta soporte reciben, conservan, aplican o transfieren una cantidad cuyo titular económico es un cliente o un tercero vinculado al encargo. También orienta el tratamiento de ingresos no identificados, pagos erróneos y saldos controvertidos.

No sustituye la autorización de recepción y liquidación, las condiciones del servicio, la factura, la liquidación individual ni una orden bancaria. Si existe contradicción, prevalecen las normas imperativas, deontológicas, el encargo aplicable y los hechos acreditados de la operación concreta.

2. Tres escenarios que no deben confundirse

3. Deberes esenciales

• Depositar los fondos ajenos con disposición inmediata en una cuenta específica y no confundirlos con fondos propios.
• Identificar con certeza razonable a quien entrega el dinero y vincularlo con cliente, expediente y actuación.
• Individualizar entradas, salidas, finalidad y utilización mediante contabilidad o libro registro.
• No mover dinero entre saldos de clientes salvo causa justificada y sin crear saldos deudores.
• No pagar, deducir honorarios ni disponer sin ley, mandato judicial o autorización expresa y escrita suficiente.
• Rendir una cuenta detallada y devolver o acreditar el saldo a quien corresponda.
• No retener fondos más tiempo del estrictamente necesario, incluso si existen honorarios pendientes.

4. Definiciones operativas

5. Ámbito actual por servicio

6. Controles comprobados en el repositorio

7. Lo que el código no acredita

• Que la cuenta configurada en un entorno local sea la misma cuenta activa en producción.
• Que la entidad bancaria haya clasificado formalmente la cuenta como cuenta de clientes.
• Que exista un libro mayor o subcuenta técnica por cliente y expediente.
• Que los movimientos bancarios se importen o concilien automáticamente.
• Que exista una tabla de ingresos, salidas, saldo, reversión y justificante bancario.
• Que una liquidación contractual interna sea una factura fiscal completa.
• Que el estado pagado equivalga a un abono verificado en banco.
• Que una transferencia al cliente se ordene, apruebe o confirme desde la Plataforma.
• Que exista doble autorización universal para pagos.
• Que se realicen arqueos, conciliaciones o revisiones humanas con una frecuencia concreta.

8. Autorización de recepción y liquidación

El catálogo jurídico mantiene una autorización específica, actualmente identificada como versión 2026-04-28, con alcance de perfil. Permite designar una cuenta para recibir fondos vinculados al expediente, conciliarlos, emitir la documentación económica, deducir conceptos devengados dentro del perímetro autorizado y entregar el saldo neto.

La autorización no cede el crédito al prestador, no concede libre disposición, no permite aceptar una oferta por el cliente, no sustituye el consentimiento específico de un acuerdo y no transforma la actividad en custodia indefinida o servicio financiero autónomo.

9. Evidencia de aceptación

10. Vigencia, revocación y cambio material

La autorización puede revocarse por un medio que deje constancia. La revocación debe impedir nuevas instrucciones de cobro una vez recibida y procesada, pero no borra la obligación de identificar, proteger y liquidar un ingreso ya recibido ni los efectos válidamente producidos antes.

Cambiar titular, cuenta receptora, facultad de deducción, plazo, finalidad o tipo de expediente exige analizar si la modificación es material y requiere una nueva versión y aceptación. La política pública no amplía por sí sola las facultades concedidas en el documento privado.

11. Configuración de la cuenta designada

El servidor exige titular, IBAN, prefijo de referencia y email de confirmación; puede incorporar BIC y entidad bancaria. Normaliza el IBAN, verifica estructura y módulo 97, bloquea un IBAN de demostración conocido y rechaza marcadores como pendiente, ejemplo o test.

Estas validaciones son una barrera de emisión documental. No prueban por sí solas titularidad real, contrato bancario, separación contable, disponibilidad inmediata, ausencia de compensación bancaria ni configuración efectiva del entorno de producción. Esos extremos requieren evidencia externa al repositorio.

12. Certificado extrajudicial de mandato y cuenta

El certificado no puede emitirse si falta un caso de microcrédito no borrador, permiso del actor, cliente válido, identidad aprobada, DNI o NIE válido, banco del cliente aprobado, aceptación del mandato, aceptación de fondos, cuenta receptora configurada o entidad reclamada identificada.

El documento incorpora cliente, expediente, entidad, responsable profesional, versiones y hashes aceptados, cuenta designada y referencia de pago. Se genera con identificador, huella y marca de agua; la descarga intenta registrar eventos de caso, seguridad y trazabilidad documental.

13. Certificado judicial

El certificado judicial de microcréditos añade a las barreras anteriores la existencia de una propuesta judicial aceptada, evidencia de esa aceptación, documentos requeridos y entidad demandada identificada. La autorización judicial aplicable debe analizarse por su contenido y versión.

Ni el certificado extrajudicial ni el judicial acreditan que la entidad haya seguido las instrucciones, que el banco haya recibido dinero o que el saldo haya sido conciliado. La generación demuestra preparación y autorización documental, no ejecución financiera.

14. Trazabilidad del certificado y su límite

La autorización y la generación del PDF son barreras duras: si no se cumplen, no se emite. En cambio, parte del registro posterior de descarga se ejecuta como best effort; un fallo de ese evento no invalida automáticamente el PDF ya generado y entregado.

La trazabilidad debe distinguir siempre aceptación, generación, descarga, envío a la entidad, recepción del dinero, conciliación, liquidación y transferencia. Ninguno de esos hitos debe inferirse solo porque exista el anterior.

15. Datos bancarios del cliente

El IBAN se guarda preferentemente cifrado y se conserva un sufijo de cuatro caracteres para visualización enmascarada. Cuando el cliente lo modifica, el perfil vuelve a estado pendiente de verificación; el valor completo no debería circular por notas, mensajes, analítica o registros generales.

La validación implementada acepta únicamente IBAN español, comprueba longitud, formato y checksum. Esto reduce errores tipográficos, pero no acredita que la cuenta esté abierta, que pertenezca al cliente, que admita abonos o que no haya sido sustituida mediante fraude.

16. Revisión y acceso al IBAN completo

17. Pago directo al cliente

Las condiciones de microcréditos contemplan que la entidad pague directamente al cliente. En ese escenario sinpleitos no custodia el dinero; el cliente debe comunicar el resultado y aportar solo la información razonablemente necesaria para verificar causalidad y calcular honorarios.

La obligación económica, si existe, se documenta mediante factura y liquidación conforme al contrato. No se debe describir un pago directo como fondo recibido por el prestador ni exigir acceso indiscriminado a la cuenta bancaria del cliente.

18. Dinero recibido por cuenta del cliente

La recepción efectiva nace cuando el abono está disponible en la cuenta correspondiente, no cuando se emite una oferta, un certificado o una promesa. Desde ese momento el ingreso debe quedar individualizado y no puede emplearse como tesorería, garantía, saldo compensable del banco ni recurso para otro cliente.

La Plataforma no contiene hoy una tabla específica que registre fecha valor, ordenante, importe, moneda, cuenta receptora, expediente, saldo, movimientos y justificantes de cada fondo. Mientras esa capa no exista, la operativa bancaria y contable externa debe soportar esas obligaciones sin atribuirlas falsamente al software.

19. Diferencia actual entre microcréditos y aerolíneas

Los certificados de mandato y cuenta auditados están limitados a microcréditos. En aerolíneas existen estados generales como pendiente de pago o pago confirmado, pero no se ha observado un objeto equivalente de recepción, conciliación, liquidación y transferencia.

Por tanto, un estado de aerolíneas no acredita por sí solo quién recibió el dinero, en qué fecha, por qué importe o si se entregó al cliente. Antes de usar recepción centralizada en esa vertical debe definirse el encargo, la autorización, el registro y la rendición aplicables.

20. Beneficios no monetarios

21. Ciclo completo de un fondo

22. Libro registro e individualización

La deontología exige contabilidad o libro registro de fondos y una individualización clara, preferiblemente mediante subcuentas, que permita conocer cada entrada, salida, finalidad y uso. No deben existir movimientos cruzados injustificados ni saldos deudores por cliente.

La auditoría no ha encontrado un libro mayor de fondos de clientes en la base de datos. Las ejecuciones contractuales y estados de caso registran consecuencias jurídicas u operativas, pero no sustituyen un registro financiero con saldo y movimientos reconciliables.

23. Conciliación

• Comparar fecha valor, importe, moneda, ordenante y concepto del banco.
• Vincular el ingreso a un único titular, expediente y finalidad con evidencia suficiente.
• Registrar entradas, salidas, deducciones, devoluciones, bloqueos y saldo restante.
• Investigar diferencias sin trasladarlas a otro expediente.
• Separar el momento de recepción del momento de disponibilidad y del de liquidación.
• Conservar la referencia al justificante sin exponer datos bancarios innecesarios.
• Cerrar solo cuando el saldo y todos los movimientos estén explicados.

24. Motor contractual de microcréditos

El motor conserva ejecuciones append-only con contrato, hash, fecha aceptada, tipo de resultado, base económica, porcentaje, IVA, total, importe pendiente, motivo, advertencias y snapshots. Solo administración ejecuta y emite sus documentos; gestor asignado y administración pueden consultar según las políticas.

Este motor aporta trazabilidad al cálculo de honorarios. No conoce movimientos bancarios ni confirma ingresos y pagos. Un cálculo correcto puede coexistir con una conciliación bancaria pendiente, y un ingreso real puede necesitar una corrección contractual antes de liquidarse.

25. Documento contractual y factura fiscal

El propio motor define su factura como factura contractual interna y advierte que no equivale por sí sola a una factura fiscal plena. El documento final también indica que la factura fiscal, cuando proceda, debe emitirse por el circuito fiscal o contable correspondiente.

La factura fiscal debe cumplir numeración, fecha, identidad, descripción, base, tipo, cuota y demás requisitos aplicables, además de autenticidad, integridad y pista de auditoría. No se debe comunicar al cliente que un PDF interno ha cumplido ese circuito si no existe la factura fiscal correspondiente.

26. Capacidad preparada pero no activada

El renderizador del documento final está preparado para mostrar importe bruto recibido por el prestador, conceptos detraídos y saldo neto a transferir cuando reciba un objeto de fondos con esas cantidades. Sin embargo, el constructor actual del documento final no incorpora ese objeto.

En consecuencia, esa rama visual no demuestra que la Plataforma pueda registrar o liquidar fondos recibidos. Antes de activarla deben existir una fuente fiable, validaciones, saldo consistente, evidencia bancaria y controles de edición; no basta con añadir números manuales al PDF.

27. Contenido mínimo de la rendición

• Referencia del expediente y fecha de corte.
• Identidad del pagador y concepto con la minimización necesaria.
• Importe bruto, moneda, fecha de recepción y fecha de disponibilidad.
• Resultado no monetario mostrado por separado.
• Base contractual de honorarios y versión aceptada.
• Base imponible, IVA, suplidos y cada deducción autorizada.
• Pagos o créditos anteriores aplicados.
• Saldo neto, IBAN de destino enmascarado y fecha de orden.
• Incidencias, cantidades bloqueadas y motivo concreto.
• Canal para pedir justificantes o formular una discrepancia.

28. Deducción de honorarios

La detracción exige que el honorario esté devengado conforme al contrato y que exista autorización expresa y escrita para aplicarlo sobre fondos ajenos. Debe acompañarse de factura fiscal cuando proceda y de una liquidación que permita verificar base, porcentaje, IVA, créditos previos y neto.

Una autorización general no sana un concepto no pactado, no devengado, opaco o desproporcionado. Tampoco permite apropiarse de la parte controvertida ni retrasar el saldo indiscutido para forzar la aceptación del cálculo.

29. Prohibición de compensación y autoliquidación

La mera existencia de una factura o deuda de honorarios no autoriza a compensarla unilateralmente con fondos del cliente. La excepción requiere una habilitación válida dentro del vínculo profesional y debe interpretarse de manera estricta, documentada y compatible con la autorización aceptada.

No se utilizan fondos de un cliente para otro, no se crean saldos negativos, no se compensan errores entre expedientes y no se retiene dinero como garantía informal. Una reclamación de honorarios dispone de sus vías propias y no convierte los fondos ajenos en mecanismo de presión.

30. Parte controvertida

Si el cliente cuestiona una deducción, se identifican importe, concepto y motivo; se preservan contrato, aceptación, cálculo, factura y banco. La respuesta debe explicar la base aplicada y corregir con trazabilidad cualquier error material.

Solo permanece pendiente la parte realmente afectada cuando sea posible separar cantidades. El saldo no discutido debe ponerse a disposición sin demora injustificada. Esta política no crea una facultad general de bloqueo hasta que finalice cualquier reclamación.

31. Fondos no identificados

Un ingreso sin referencia no se asigna por una coincidencia débil de nombre o importe. Se contrasta ordenante, fecha, cuantía, concepto, comunicaciones y expedientes posibles, compartiendo solo la información imprescindible.

Hasta disponer de certeza razonable no se deduce, transfiere ni reconoce como propio. Si no puede atribuirse, se siguen las instrucciones bancarias, la normativa y la causa jurídica aplicable, con registro de las gestiones y sin convertir la incertidumbre en disponibilidad libre.

32. Pagos parciales, múltiples y agregados

33. Errores, devoluciones y retrocesos

Los duplicados, importes excesivos, pagos ajenos, contracargos y retrocesiones se registran como movimientos propios de la incidencia. Una corrección no borra el movimiento original ni se compensa silenciosamente con otro cliente.

Si una reversión ocurre después de transferir o facturar, se determina causa, responsabilidad y efecto contractual antes de reclamar. El cliente recibe información cuando la incidencia afecta a su saldo, sin atribuirle automáticamente un riesgo que no asumió.

34. Terceros, representantes y sucesión

Transferir a una cuenta que no pertenece al cliente exige una causa y facultad acreditadas: representación suficiente, cesión válida, sucesión, resolución o mandato específico. La mera petición por correo o mensajería no basta cuando exista riesgo relevante.

Ante fallecimiento, incapacidad, embargo, disputa sucesoria o instrucciones incompatibles, se limita la disposición al perímetro permitido hasta identificar titular, representante y alcance. La verificación debe ser proporcionada y no recopilar documentos innecesarios.

35. Cambio de cuenta y fraude

• Tratar una petición urgente o inesperada como señal que requiere contraste.
• Confirmar por el portal o un canal previamente verificado cuando sea proporcionado.
• Revisar titularidad, país, divergencias y cuentas de terceros.
• No pedir claves, códigos de banca, capturas de credenciales ni acceso remoto.
• Invalidar la aprobación anterior cuando cambia el IBAN y repetir la revisión.
• Aplicar una pausa limitada y explicable, no una retención indefinida.
• No publicar umbrales, reglas o señales que faciliten eludir los controles.

36. Prevención de blanqueo y secreto

La Ley 10/2010 incluye a profesionales de la abogacía como sujetos obligados en determinadas operaciones, entre ellas ciertos supuestos de gestión de fondos o actuación financiera, y contiene reglas específicas sobre defensa, secreto y no sujeción. No toda reclamación jurídica ni toda recepción accesoria activa automáticamente el mismo conjunto de obligaciones.

El encaje debe analizarse según la actividad real, no mediante una etiqueta genérica. Cuando proceda, se aplican identificación, titular real, propósito, origen, seguimiento, examen, conservación y demás medidas exigibles, sin revelar al cliente actuaciones cuya comunicación esté legalmente prohibida.

37. Perímetro de servicios de pago

La recepción accesoria dentro de un encargo jurídico no se presenta en esta web como servicio autónomo de pago. No obstante, el régimen aplicable depende de la actividad efectiva, de quién actúa por cuenta de quién, de la posesión de fondos, de la frecuencia y de las exclusiones legales que puedan concurrir.

El repositorio no acredita por sí solo una exclusión regulatoria. Si el modelo se ampliara a monederos, saldos reutilizables, pagos entre usuarios, iniciación, custodia habitual o transferencias desvinculadas del asunto, deberá realizarse un análisis regulatorio antes del despliegue y no apoyarse en esta política para presumir habilitación.

38. Privacidad y conservación

39. Roles y segregación

40. Controles actuales y mejoras pendientes

41. Derechos, consultas y reclamaciones

• Saber si el dinero fue recibido por sinpleitos o pagado directamente.
• Pedir fecha, importe, pagador y referencia del movimiento vinculado.
• Recibir una cuenta detallada incluso al terminar la relación.
• Obtener factura fiscal y liquidación cuando correspondan.
• Conocer cada deducción y su autorización contractual.
• Recibir el saldo no controvertido sin demora injustificada.
• Solicitar corrección de IBAN o de una imputación errónea.
• Reclamar mediante el expediente o Atención y reclamaciones.
• Acudir a las vías colegiales, de consumo, administrativas o judiciales aplicables.

42. Incidentes, continuidad e historial

Ante indisponibilidad bancaria, acceso indebido, fraude, pago duplicado, error de beneficiario o pérdida de conciliación se priorizan la contención, revocación de accesos, preservación de evidencia, alcance, recuperación, comunicación y restitución. La información defensiva se limita, pero el cliente debe conocer el efecto material sobre su dinero.

FON-2026.3 sustituye la versión resumida por una auditoría del circuito contractual y técnico, sus diferencias frente al movimiento bancario y las mejoras todavía pendientes. Se revisará ante una nueva cuenta, entidad financiera, proveedor de pagos, vertical, modelo de honorarios, libro de fondos, automatización, incidente material o cambio normativo.