Política de independencia profesional y conflictos de interés

1. Responsable jurídico y alcance

D. Jose Luis Ortiz León presta el servicio como abogado colegiado ejerciente y asume la responsabilidad profesional de la dirección jurídica. Los gestores, administración, soporte, marketing, afiliados y proveedores no adquieren por su función capacidad para sustituir ese criterio ni presentarse como responsables letrados del asunto.

Esta política alcanza la admisión, análisis de viabilidad, estrategia extrajudicial o judicial, comunicaciones, negociación, ofertas, honorarios, fondos, cierre, sustitución y cualquier decisión que pueda afectar de manera relevante al interés del cliente.

2. Qué significa independencia

3. Participantes y límites

4. Acceso real a expedientes

El dominio de casos reconoce como actores al cliente propietario, al gestor asignado y a administración. Soporte no accede a expedientes por defecto. Las rutas sensibles exigen sesión, rol y, para gestor o administración, autenticación reforzada cuando corresponde.

El gestor solo puede operar sobre el caso que tiene asignado; administración dispone de acceso transversal para supervisión. Esa capacidad técnica amplia no elimina el principio de necesidad: una persona administradora no debe consultar un expediente por curiosidad, captación o interés ajeno a sus funciones.

5. Mapa de decisiones

6. Conflicto de intereses

Hay conflicto cuando los objetivos de dos clientes, de un cliente y un antiguo cliente, o del cliente y el propio profesional son contrapuestos y pueden quebrar confianza, secreto, lealtad o libertad de criterio. También debe valorarse un riesgo significativo antes de que produzca daño.

No toda coincidencia de entidad o materia implica conflicto. Reclamar para muchas personas frente a la misma entidad puede ser compatible si cada expediente conserva evaluación, secreto y decisión individual; deja de serlo cuando una solución, información o compromiso de un caso puede perjudicar de forma relevante a otro.

7. Comprobación por momentos

8. Límite técnico del control de conflictos

La auditoría no ha encontrado una tabla específica de conflictos, un motor de coincidencia de partes adversas ni un bloqueo automático que impida aceptar un caso por relación con otro cliente o antiguo cliente. Las condiciones anuncian comprobaciones internas y el sistema permite notas, eventos, asignación y rechazo, pero esas capacidades no prueban que cada expediente haya pasado un cribado documentado.

Por tanto, la comprobación es hoy una obligación profesional y operativa, no una garantía automatizada. No se afirmará que existe un conflict check infalible. Una mejora futura debería registrar, con acceso especialmente restringido, momento, partes normalizadas, decisor, resultado, salvaguarda y nueva fecha de revisión sin revelar al equipo información innecesaria de otros clientes.

9. Viabilidad y filtros iniciales

Los formularios calculan estimaciones, validan campos y pueden aplicar reglas iniciales. En aerolíneas, el precheck usa una instantánea del vuelo y condiciones declaradas; en microcréditos, determinadas magnitudes pueden derivar a revisión manual. Estos mecanismos sirven para admisión y ordenación, no constituyen una promesa de éxito ni sustituyen el análisis jurídico.

Un caso creado puede terminar bajo validación, requerir información o ser rechazado. La viabilidad debe revisarse si aparecen documentos nuevos, cambia la contraparte, una doctrina relevante o un hecho que altere legitimación, cuantía, plazo o estrategia.

10. Contrapartes y relaciones económicas

Las condiciones vigentes declaran que el prestador no mantiene con las entidades reclamadas compromisos de volumen, derivación, resultado o remuneración cruzada que comprometan la independencia. Esa declaración contractual obliga, pero una auditoría del repositorio no puede verificar por sí sola todas las relaciones bancarias, comerciales o personales existentes fuera de la Plataforma.

Cualquier acuerdo futuro con una entidad reclamada, aseguradora, aerolínea, financiador o intermediario debe evaluarse antes de firmarse. Si puede influir o parecer razonablemente que influye en admisión, negociación, recomendación o cierre, deberá rechazarse o establecer barreras suficientes e informar al cliente cuando proceda.

11. Varios clientes frente a una misma entidad

12. Antiguos clientes y consultas previas

No se actúa contra un antiguo cliente si existe riesgo de utilizar o vulnerar información secreta o de que el nuevo cliente resulte indebidamente beneficiado. El mismo límite se aplica si la contraparte o su abogado realizaron una consulta previa sobre el asunto que proporcionó información protegida.

El análisis atiende al tipo de asunto, sujetos, materia, tiempo transcurrido y utilidad real de la información. El secreto no caduca por el mero paso del tiempo y el motivo del rechazo puede no revelarse si hacerlo confirmaría la existencia o contenido de otro encargo.

13. Extensión al equipo y colaboradores

Las reglas de conflicto y secreto se extienden al conjunto de profesionales que actúan colectivamente o colaboran con acceso a información. Incorporar un procurador, perito, abogado local o especialista no permite aislar artificialmente un conflicto que afecta al grupo cuando comparte archivos, estrategia o recursos.

Antes de dar acceso a un colaborador deben comprobarse su necesidad, identidad, cualificación, conflicto, deber de secreto y alcance. El cliente tiene derecho a conocer quién asume la dirección y, cuando intervengan otros profesionales de la abogacía, su identidad y colegio en los términos aplicables.

14. Interés propio del prestador

• No continuar un asunto inviable solo para recuperar costes ya asumidos.
• No retrasar un cierre para aumentar honorarios o una comisión.
• No recomendar aceptar una oferta únicamente porque activa el cobro.
• No recomendar rechazar una oferta razonable para aspirar a una base económica mayor.
• No alterar datos económicos sin evidencia y motivo registrado.
• No ocultar errores, incidencias o cambios de criterio que afecten al cliente.
• No retener documentos o fondos para impedir el cambio de profesional.
• No usar el expediente para obtener una ventaja comercial incompatible.

15. Honorarios a resultado

La normativa catalana permite pactar honorarios vinculados al resultado, incluso mediante porcentaje. Este modelo alinea parte del incentivo económico con la obtención de una ventaja para el cliente, pero no elimina posibles tensiones: una solución rápida, una oferta parcial o una reclamación de mayor importe pueden afectar de forma distinta a cliente y prestador.

El porcentaje y su base deben estar definidos en las condiciones aplicables. La recomendación profesional debe valorar importe neto, tiempo, riesgo, prueba, deuda condonada, costes, alternativas y preferencia del cliente, no solo el honorario que produciría cada opción.

16. Salvaguardas frente al incentivo económico

17. Afiliación y captación

La procedencia mediante afiliado puede generar una remuneración comercial, pero no convierte al afiliado en abogado, agente, representante o integrante del expediente. No puede valorar viabilidad, ordenar una reclamación, aconsejar sobre una oferta, prometer resultado ni intervenir en el cobro del cliente.

La modalidad del afiliado puede depender del éxito o de que el caso sea viable y, por ello, crea un incentivo de captación. La barrera adecuada no es negar ese incentivo, sino impedir que se traslade al criterio jurídico: atribución separada, acceso saneado, ausencia de documentación y decisión reservada al equipo profesional y al cliente.

18. Lo que ve el afiliado

19. Marketing, promociones y opiniones

Marketing puede diseñar páginas, explicar servicios, medir campañas y publicar contenidos aprobados. No puede cambiar la valoración de un expediente, seleccionar solo casos favorables para presentarlos como universales, revelar hechos protegidos ni prometer importes, tiempos o resultados que no dependan exclusivamente de sinpleitos.

Una promoción reduce o bonifica honorarios conforme a sus bases; no reduce el estándar jurídico ni permite acelerar un caso saltando controles. Las opiniones, porcentajes, casos e importes publicados se rigen además por la Metodología de opiniones y resultados.

20. Proveedores y fuentes externas

Un proveedor puede alojar datos, enviar comunicaciones, verificar vuelos, generar documentos o apoyar seguridad. Su contrato, precio, disponibilidad o salida técnica no determinan la estrategia. Una respuesta de proveedor es una fuente que debe contrastarse con documentos y hechos cuando sea relevante.

El registro público de proveedores identifica funciones y garantías. No se ha observado que un proveedor pueda aceptar acuerdos o cerrar expedientes por sí solo. Si una integración futura recibiera incentivos de la contraparte o priorizara resultados por interés económico, debería analizarse como conflicto antes de utilizarla.

21. Automatización e inteligencia artificial

22. Correcciones de datos económicos

En microcréditos, cliente y soporte no pueden editar la base económica del expediente. Solo gestor asignado o administración pueden hacerlo en estados concretos; la modificación exige un motivo de entre 8 y 2.000 caracteres y registra campos cambiados, valores anterior y posterior, cálculo económico y estado del caso.

Este control permite reconstruir por qué cambió una estimación y reduce la manipulación silenciosa. No constituye revisión por dos personas: el mismo actor autorizado puede modificar y dejar constancia. Una corrección de alto impacto o relacionada con honorarios debería escalarse aunque el sistema no imponga hoy doble aprobación universal.

23. Ofertas estructuradas de microcréditos

Gestor asignado o administración pueden registrar una oferta con clase, canal, fecha, vigencia, recuperación monetaria, condonación, compensación, valor equivalente, descripción y referencia. Los importes no pueden ser negativos, la descripción no puede quedar vacía y la oferta y sus eventos son históricos inmutables.

El portal muestra al cliente los componentes económicos, descripción, vigencia y estado. Solo el propietario puede aceptar o rechazar una propuesta abierta; la decisión se registra mediante una operación protegida, genera un evento y puede producir un certificado con huella de integridad y descarga trazada.

24. Otras decisiones directas del cliente

25. Diferencia actual entre microcréditos y aerolíneas

La infraestructura de microcréditos contiene objetos específicos para ofertas, decisiones del cliente y certificados. En la auditoría no se ha observado un flujo equivalente de oferta estructurada y aceptación directa para aerolíneas; existen estados generales de negociación y acuerdo que puede actualizar el backoffice.

Por ello, un estado de aerolíneas como oferta o acuerdo no debe presentarse por sí solo como prueba de una instrucción del cliente. Mientras no exista el mismo control, toda aceptación material debe apoyarse en una comunicación o autorización verificable y comprensible. La política no afirmará una simetría técnica que hoy no existe.

26. Paso a vía judicial

La fase judicial de microcrédito constituye un encargo diferenciado. El cliente recibe propuesta, resumen, cuantía, contraparte y documentos aplicables; para aceptar debe confirmar las casillas exigidas y, si solicita inicio inmediato, la confirmación adicional correspondiente. La decisión registra evidencia técnica y genera documentos de aceptación.

La aceptación digital no elimina la obligación de consejo. Deben explicarse cuantía, límites, costes, riesgos, alternativas, posible vista, procurador cuando proceda, fondos y actos que siguen reservados al cliente. Un documento completo no corrige una explicación materialmente insuficiente.

27. Ofertas, transacciones y actos dispositivos

• Desglosar dinero, condonación, compensación, bonos, renuncias, confidencialidad y cualquier efecto no monetario.
• Distinguir valor bruto, honorarios, impuestos, costes y beneficio neto esperado.
• Explicar plazo de vigencia y consecuencias razonables de aceptar, rechazar o no responder.
• No presentar una recomendación como orden ni la decisión del cliente como dictamen jurídico.
• No aceptar una renuncia general desproporcionada por conveniencia de volumen.
• Analizar cada cliente cuando una oferta afecta a varios expedientes.
• Conservar una evidencia suficiente de la instrucción material.
• Revisar conflicto de interés antes de recomendar una solución que favorezca al prestador.

28. Fondos del cliente

La custodia o recepción de fondos no concede derecho a presionar una decisión. Los fondos ajenos deben permanecer identificados y separados y no pueden retenerse más tiempo del necesario ni compensarse unilateralmente salvo habilitación legal o autorización escrita válida y dentro de su alcance.

La operativa concreta, cuenta, autorización, deducciones, liquidación y parte controvertida se explican en la Política de gestión de fondos y en el mandato aplicable. Una disputa de honorarios no autoriza a ocultar documentos, demorar la parte no controvertida o impedir la sustitución profesional.

29. Confidencialidad como barrera de independencia

El secreto comprende hechos, comunicaciones, datos, documentos y propuestas conocidos en el ejercicio profesional y continúa tras finalizar el encargo. Se exige también a colaboradores, personal y quienes cooperen. El consentimiento del cliente no convierte automáticamente en correcto un uso incompatible con la función profesional.

La Plataforma separa el dominio de casos del soporte general y del panel de afiliación. Los accesos, descargas y mensajes pueden generar trazas, pero la existencia de un registro no legitima el acceso: la primera barrera sigue siendo la necesidad funcional.

30. Comunicación con la parte contraria

La negociación debe identificar correctamente la representación y respetar las reglas aplicables cuando la contraparte dispone de abogado. No se debe explotar que una persona carezca de asistencia, inducirla a error, ocultar el carácter profesional de la comunicación o causar una lesión injusta.

Una propuesta recibida de la contraria está protegida por el secreto y, cuando intervienen profesionales de la abogacía, por reglas específicas de confidencialidad. No se utiliza en marketing, comparativas o entrenamiento sin una base y compatibilidad suficientes.

31. Instrucciones del cliente y libertad técnica

32. Información y libertad de elección del cliente

El cliente tiene derecho a conocer identidad y colegiación del responsable, alcance, viabilidad, gravedad del conflicto, alternativas extrajudiciales, estado, actuaciones relevantes, riesgos, costes, honorarios, colaboradores, conflicto y medidas adoptadas. Puede pedir esa información por escrito.

También puede aceptar o rechazar una propuesta, solicitar una segunda opinión, prescindir del profesional o sustituirlo. El sistema no puede convertir la existencia de una cuenta, documentos generados, trabajo ya realizado o honorarios pendientes en una barrera artificial a esa libertad.

33. Rechazo, cese y sustitución

Si falta competencia, tiempo, confianza o independencia, o aparece un conflicto no gestionable, el encargo debe rechazarse o cesar. El cese se comunica por escrito y con tiempo razonable, protege actuaciones urgentes y evita indefensión. El motivo puede explicarse de forma limitada cuando el secreto de otra persona impida más detalle.

En una sustitución se facilita al nuevo profesional la información y documentación necesaria y se preserva la confidencialidad. La documentación del cliente no se retiene por honorarios, aunque pueda conservarse copia cuando sea legítimo.

34. Máquina de estados y cierre

La Plataforma restringe qué estados puede cambiar cada actor. El cliente dispone de transiciones tempranas limitadas; gestor asignado y administración gestionan el flujo; solo administración puede llevar el expediente al estado cerrado, únicamente desde estados finalizables y cuando existe un documento final de tipo contrato o respuesta.

Una vez cerrado, la capa de servicio trata el estado como terminal. Estas barreras evitan saltos ordinarios, pero un estado sigue siendo un indicador operativo: no demuestra por sí solo que el análisis jurídico sea correcto, que exista instrucción material o que todas las obligaciones de cierre se hayan cumplido.

35. Trazabilidad y sus distintos niveles

36. Escalada de una duda

37. Canal para comunicar una interferencia

Clientes, personal, afiliados y terceros pueden comunicar una posible interferencia mediante Atención y reclamaciones o clientes@sinpleitos.es. Conviene indicar referencia del caso, decisión cuestionada, fecha y motivo, sin aportar información de otros clientes que no deba conocerse.

La comunicación de buena fe no debe perjudicar el expediente. La auditoría no ha encontrado un órgano deontológico interno independiente o un ombudsman separado técnicamente de administración; por ello, no se afirmará que existe. Si la preocupación afecta al responsable profesional, permanecen disponibles las vías colegiales, de consumo y judiciales que correspondan.

38. Controles observados y límites

39. Supervisión, métricas y formación

Las métricas de volumen, conversión, tiempo, recuperación, comisión o satisfacción pueden detectar problemas, pero no deben premiar decisiones que sacrifiquen información, viabilidad o libertad del cliente. Una métrica jurídica necesita denominador, exclusiones, contexto y revisión de efectos no deseados.

El código demuestra controles de acceso y eventos, no la realización efectiva de formación, muestreos de conflicto o revisiones de calidad. Esas actividades deben documentarse fuera del repositorio con fecha, alcance, responsable, hallazgos y correcciones; esta política no las dará por ejecutadas sin evidencia.

40. Cambios, historial y prevalencia

IND-2026.3 sustituye la versión resumida por una auditoría del responsable profesional, roles, viabilidad, conflictos, honorarios, afiliación, automatización, ofertas, decisiones del cliente, fondos, acceso, trazabilidad y límites de implementación.

La política se revisará ante una nueva vertical, financiador, entidad colaboradora, modalidad de afiliación, sistema de IA, estructura societaria, profesional director, flujo de oferta, régimen de fondos o incidencia material. Las normas imperativas, deontológicas, el encargo y la decisión individual aplicable prevalecen sobre esta explicación general.